Denuncian amenazas al rabino Bergman

La silla destinada al rabino Sergio Bergman quedó vacía. Una amenaza a su familia y a él mismo lo hizo desistir de presentar el libro Los llaman... jóvenes idealistas , de Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que recopila la historia de víctimas de la guerrilla de la década de 1970 y su contexto histórico.

"A 30 años, seguimos siendo víctimas del terrorismo. Hay una silla vacía [en el escenario] porque priorizamos su seguridad y la de su familia", dijo Villarruel, para justificar la ausencia inesperada del rabino Bergman en la sala Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges.

No se brindaron precisiones sobre la amenaza, y tampoco el rabino Bergman contestó a las múltiples llamadas de LA NACION. En la sala, la noticia no sorprendió. "Este es un tema prohibido, imposible de hablar. La sociedad también es víctima del pasado. Las víctimas están borradas de la historia de la Argentina; no tienen voz. No se puede hablar sin que aparezcan ataques ideológicos", resumió la doctora María Victoria Paz, hija del asesinado ingeniero José María Paz el 27 de agosto de 1974, por Montoneros, en Tucumán.

Claudia Villarruel y María Victoria Paz, también integrante de Celtyv, no sólo hablaron del libro que presentaban, sino de la experiencia de haber participado del VI Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que se realizó en febrero pasado, en Salamanca. De hecho, eligieron el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, por el ataque a Atocha, para presentar la obra.

En la sala Astor Piazzolla había víctimas del terrorismo de los años 70, conocidas por el público, como el empresario Santiago Soldati (hermano de Francisco, asesinado en 1979) y el economista Guillermo Walter Klein, víctima, junto con toda su familia, de una bomba que destruyó su vivienda en Olivos, y muchas desconocidas. También, ex funcionarios como Juan Bautista Yofre, Norberto Quantin, Francisco Mayorga, Manuel Solanet y Francisco Mezzadri.

"Las víctimas debieran empezar a unirse para salir del precipicio en el que nos colocó el terrorismo y pasar a ser presencia activa, y la sociedad debiera ayudar a las víctimas a transformar el precipicio en puente", sostuvo Paz, con lo que cuestionó al procurador general de la Nación, Esteban Righi, por "negarse a reabrir causas de ataques terroristas".

Villarruel explicó que el libro tiene dos fines: "Rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, darles visibilidad, y ser un aporte a la verdad histórica". Y aseveró: "El dolor de un inocente no prescribe, aunque el Gobierno nos diga que los crímenes terroristas no son de lesa humanidad".

A criterio de Villarruel, las "ideas impuestas por la violencia, por buenas que sean, se deslegitiman". Y planteó: "Los terroristas de ayer hoy quieren ser respetables funcionarios. ¿Qué podemos esperar de personas que violaron los derechos humanos? Más violaciones de los derechos humanos, mentiras como las de las estadísticas, autoritarismo y violencia".



BENEDICTO XVI,ENCÍCLICA SIN COARTADAS PARA EL STABLISHMENT CONSERVADOR POPULISTA

Por Luís María Bandieri


La encíclica “Caritas in Veritate”, tercera del actual Papa, merece análisis más profundos que los que surgen a una primera lectura. Es obvio que el pontífice pretende abarcar en estas comunicaciones los más acuciosos problemas de nuestro tiempo, y añado ahora, a mi entender, desde una visión católica muy crítica de la modernidad en sus fundamentos, pero que responde a ella con sus mismas armas. No entro a considerar el juicio acerca de si tal empresa es a esta altura posible y otras cuestiones que exceden mis posibilidades y las esta nota. El papa Ratzinger es una rara especie de pontífice verdaderamente fogueado en el ejercicio intelectual y profesoral. En sus dos encíclicas anteriores, o en el famoso discurso de Ratisbona, esto era palpable, así como se observaba una unidad de estilo y redacción. En la última aparecen al análisis varias manos, aunque un ejercicio fino permitiría discriminar lo propiamente ratzingeriano de los añadidos por “ghost writers” que casi siempre han andado en puntas de pie en los escritos de sus antecesores. Incluso, desde un punto de vista crítico, podría objetarse que la noción misma de “desarrollo”, sostenida en la encíclica, constituye en sí misma un mito de la modernidad, rodeado de la falsa autoridad de una “ciencia” económica que se arroga la categoría de las disciplinas duras mediante la formalización matemática, pero cuya irracionalidad de base las sucesivas crisis, y especialmente la última, ponen irrebatiblemente de manifiesto. Creo que esta encíclica pretende reescribir sobre nuevas bases la “Populorum Progressio” y, por lo tanto, le es tributaria en cuanto a la aceptación acrítica de la noción de “desarrollo”, muy del tiempo del papa Montini. No encara el texto, por ejemplo, ni aún de pasada, la noción de “decrecimiento”, también de este tiempo, planteada de modo profundo por Alain de Benoist. Si la encíclica se quedase, como resume “Clarín” (7/7/09), en la propuesta de un “orden financiero más ético”, sería otro documento anodino. Pretender un límite moral al pancapitalismo financiero, cuya esencia es la ilimitación y el “siempre más”, ya que entiende todo límite como un mero obstáculo, resulta un discurso apto para el G-8, el G-20 y otras monsergas de este tiempo. Los ingentes auxilios tomados de los dineros públicos efectuados desde los EE.UU. y la UE están destinados a esterilizarse en el circuito de las finanzas, para apalancarlas y volver, en algún momento, a más de lo mismo. La “ética” del negocio financiero, como las homilías ambientalista de Al Gore and Co., terminan siendo nuevos departamentos del negocio mismo: business ethics, environmental ethics, etc. En el párrafo 34 de “Caritas in Veritate” el papa afirma: “la caridad en la verdad pone al hombre ante la sorprendente experiencia del don”. Y aquí aparece una noción profunda y sugestiva: el don. “El ser humano está hecho para el don –prosigue la encíclica- el cual manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente”.

El don abre la puerta de la trascendencia. Fue hacia los años 20 del siglo pasado que Marcel Mauss, un discípulo de Émile Durkheim, comenzó a estudiar desde el enfoque sociológico las redes informales de actividad gratuita y de intercambio desinteresado como regulativos de numerosos fenómenos de la vida económica y social. El primer ejemplo se lo dieron las actividades mutualistas de los sindicatos de la época. Pero también los profundizó a través de la etnología, habiendo creado en la Sorbona un Instituto en aquélla especializado. Junto al interés, que es siempre particular, aunque se disfrace de “público” o “general”, encuentra un mundo de la actividad desinteresada. Uno sostiene al otro ya que, como Perroux hizo notar más tarde, para que el mundo capitalista se desarrolle, necesita un entorno no capitalista, esto es, que no tenga como motor exclusivo el lucro. El principio de la crisis actual del capitalismo panfinanciero es su pretensión de abarcar absolutamente todas las esferas de la vida y explicarlas sólo por el interés. Este reduccionismo brutal mata al pancapitalismo y éste se defiende, como vemos, redoblando la apuesta, aunque ello resulte potencialmente destructor del fondo donde se asienta toda sociedad, esto es, ese sustrato de creencias colectivas que, en definitiva, remite a lo religioso. La axiomática del interés va de la mano, entonces, con el desencanto del mundo y el cierre de toda apertura hacia lo trascendente. La respuesta, por cierto, no se encuentra en ajustes keynesianos ni tampoco en el socialismo del siglo XXI. Aunque Marx haya acertado en su juventud al señalar los peligros del “fetichismo de la mercancía” y la consiguiente reificación de lo social, al sostener que la historia humana está determinada en última instancia por la economía a través de los modos de producción de la vida material retoma la idea de “naturalidad” y “universalidad” del homo oeconomicus. No en vano Schumpeter lo incluyó entre los grandes economistas de la escuela clásica. Entonces, el gran problema actual consiste en elaborar una visión no economicista de la economía, des-teologizar la lógica del mercado considerándola dialécticamente con la lógica del don y mostrar el absurdo de una economía que se considera a sí misma medio y fin absoluto de la vida, vaciando esta última. De allí la importancia de la referencia ratzingeriana al don, que no debe pasar inadvertida. Como aporte para su mejor comprensión, ofrezco a continuación las páginas finales de un trabajo aún inédito elaborado por mí para la Facultad de Derecho de la UCA, donde se tratan los tema del don oblativo y el homo reciprocus.

El Homo Reciprocus

¿Existen acciones desinteresadas, donde el desinterés no resulte una máscara de intereses velados, como decía La Rochefoucauld? Un desinterés tal, ¿tendría relevancia jurídica? ¿Lo situaríamos, de existir, preferentemente en el plano de lo público o de lo privado? Así como en determinado momento histórico fueron superadas o domeñadas las pasiones, ¿podría hacerse hoy lo mismo con el yugo de los intereses, sean ellos derivaciones del interés estatal (general) o de los intereses particulares? Son interrogantes que pueden recibir una respuesta a través de los conceptos de la antropología del sacrificio y el don iniciados por el sociólogo francés Marcel Mauss (1872-1950) discípulo de Durkheim, de quien se destaca especialmente el “Ensayo sobre el Don”[1]. Para Mauss, el intercambio es el común denominador de un gran número de actividades sociales. Por cierto, el intercambio económico, por definición intercambio “interesado”, es uno de ellos. Su origen está en el compromiso sacrificial, reversión de la ley de la sangre, sobre el cual se ha fundado la economía. Pero este intercambio interesado, con su presencia arrolladora, ha dejado en la sombra otros tipos de intercambio que históricamente sustituyeron al sacrificio del prisionero. Esos intercambios no son económicos, son desinteresados. Son intercambios sociales cruzados y continuos que permiten simbolizar la vida colectiva. Intercambios que no dividen y separan del punto de vista de los intereses, sino que cohesionan la sociedad por su desinterés. Mauss muestra que en las sociedades tradicionales tal tipo de intercambio se manifiesta a través de tres obligaciones: obligación de dar (rechazar un don es rechazar una alianza); obligación de recibir (es una fuerte conminación social, ya que no se puede rechazar una donación), y obligación de devolver (contradonación o contraprestación). Este “sistema de prestaciones totales” no finca tanto, en tales sociedades, sobre bienes y riquezas, sino sobre cortesías, festines, ritos, ceremonias, etc., realizadas por grupos (clanes, tribus, familias) y no por individuos aislados. Estos intercambios crean derechos y, por lo tanto, deberes, y su carácter obligatorio los convierte en fundamentos de la vida social.

Mauss ha descripto como nadie el don ceremonial a través del potlacht entre los indígenas del Oeste canadiense. Es una confrontación entre los jefes de las tribus donde la competencia versa sobre los regalos que se intercambian entre ellos. Conociendo la fuerza conflictiva del objeto, los jefes actuaban para yugular el conflicto por anticipado. Cada uno ofrecía al rival lo mejor de sus pertenencias, arrojándoselas violentamente a los pies del otro. La superioridad se manifiesta dando. Y el otro debe devolver más, para no “quedar pagando”, como se diría por aquí. Ya que aceptar sin devolver o devolver menos de lo que se ha recibido implica reconocer una subordinación respecto del mayor donante. Mauss confirma aquí que la riqueza se busca –interesa- menos por su utilidad económica que por su utilidad social, como medio de adquirir mando y prestigio.

Desde luego, en el don ceremonial hay una transposición de la hostilidad al objeto entregado, pero ello no significa dejarla de lado. Se convierte a otro en un ser obligado, una especie de rehén asistido y, por ello, en la medida en que no pueda devolver más, dominado. Siendo el don ceremonial recíproco, no hay posibilidad de una donación pura que libere al otro, por medio –precisamente- de una liberalidad sin contrapartida. Pero hay de don sagrado no violento: el don oblativo, donde no existe obligación de devolver sobreabundantemente. No crea servidumbre, no es “asistencialista”. Restaura la philía, recrea el agápe, el desinterés.

El individualismo moderno, nuestro actual narcisismo atomista, nace cuando el mundo pierde su encanto, proporcionado por el gran orden teológico-metafísico de la respublica christiana. Ese encanto perdido estaba ligado al yo premoderno heroico y aristocrático, todo pasión: del honor, de la gloria, de la generosidad, del dispendio desinteresado y a veces pródigo de sí mismo. Nace, como vimos anotaba Hirschman, el razonable y calculable hombre económico centrado en el calmo interés. Quizás habría que realizar una corrección al análisis de Hirschman: el hombrecito económico del interés está, él también, devorado por una pasión, la “pasión del yo”, inescindible de la pasión adquisitiva. Por errados caminos, Rousseau intentó sustituir esa pasión atomista por la pasión hacia el “yo común” encarnado en la volonté genérale, pero su intento generó la democracia jacobina y totalitaria, y el “interés general” puro se convirtió en tapadera del usufructo de la renta política por una clase autorreferencial.

Ya Tocqueville –“La Démocratie en Amérique”- observó que en el homo democraticus, equivalente político del homo oeconomicus, y homologable a éste, el igualitarismo crea masa, indiferencia, encierro en sí mismo –cocooning, diríamos hoy- y exacerbación de la pasión atomista del yo –se es masa y se es átomo al mismo tiempo-, de la pasión adquisitiva, de la pasión por el bienestar individual. Por eso en nuestro tiempo se debilitan tanto la identidad individual como los vínculos sociales. ¿Es posible liberar al hombrecito posmoderno de la celda utilitarista del interés y abrirlo otra vez a la pasión? Por un lado, se observa la necesidad de sucedáneos y simulaciones del encantamiento perdido del mundo. El éxito de las sagas de Tolkien y semejantes o los paraísos artificiales de la droga, para mentar dos extremos, nos dan una respuesta por el lado de lo imaginario. Pero otra, igualmente válida y anclada en lo real, aparece –o reaparece- con el don. Si se mira con atención, existe casi un ocultamiento del don, a medida que crece a nuestro alrededor. Hoy se dona sangre, se donan órganos, se dona tiempo, se dona trabajo, se desarrolla inmensamente el voluntariado, se crean redes de seguridad familiar y amical ante las crisis económicas, etc. La pasión por el don corresponde, como es obvio, a un deseo del otro, que es un deseo primario. Se dona, se es desinteresado, para romper el aislamiento, para escapar a la soledad, para implicarse y pertenecer. Porque la comunidad, como sabemos desde antiguo, es dimensión constitutiva del individuo, y por ello el otro nos resulta necesario. El camino hacia el otro no marcha por el interés individual ni por el asistencialismo en nombre del interés “general”, que crea servidumbre. En el camino hacia el otro hoy se está delineando el homo reciprocus, a la sombra del desinterés.

Los Fogoneros de la maquina del Estado moderno.

Una tópica del interés ilumina, ante todo, sobre la paradojal peripecia de esta palabra, que evoluciona en todas las lenguas de significar lo perjudicial a denotar y connotar lo beneficioso. Esta progresiva reivindicación y dignificación del interés abre, a su turno, una encrucijada. Por uno de sus caminos, marcha el interés individual, particular, privado, fraccionario. Los filósofos, los moralistas y los teóricos de la política lo miran con prevención hasta que, en un recodo de su discurrir se transforma en razonable, calculable y previsible, ocupando el lugar que, hasta ese momento, tenían en la motivación humana las pasiones, el costado nocturno y pulsional de la condición humana. El interés particular se convierte en un útil y lo útil, en la móvil escala de valores de la burguesía europea, se codea ahora con lo bueno, lo bello y hasta lo verdadero: el interés no miente. Pero, a la vez, los juristas-legistas, fogoneros de la máquina del Estado moderno, comienzan a plantearse cómo se pueden integrar, sintetizar y armonizar los intereses particulares dentro de aquel mecanismo, a partir del monopolio del manejo de lo público que ella ha obtenido. Cómo, en definitiva, lograr que el input de los intereses particulares encontrados logre ser procesado por el aparato estatal para producir un output de interés general, común, público, universalmente satisfactorio. Que, a la vez, sirva de legitimación al poder estatal y a la representación del cuerpo político que quienes son titulares de aquel poder se arrogan. El alumbramiento del interés general será laborioso, porque los intentos de armonizar la diversidad particular en final resultado general, de poner ambos extremos en interfase, esto es, de transformar sin pérdida o violencia lo múltiple en lo uno, semejan a querer construir una pirámide con bolas de billar, y exigen de los teóricos comprometidos auténticos tours de force. Aquí se destacan ya los juristas continentales desarrollando, a partir de una lectura singular de los juristas romanos del imperio, el derecho público bajo el signo de la “razón de Estado” (mientras, los juristas del common law serán más parcos en este aspecto, ya que construido allí el poder político a partir de la noción de government, el derecho público quedará subsumido dentro del common general del derecho, del law). Un esfuerzo similar al de los juristas continentales desplegarán, de su lado, moralistas y economistas para demostrar que, en el mundo privado de la producción y negociación de bienes y servicios, la suma de la espontaneidad mercantil producirá el bienestar general. Habrán de chocar, pues, de un lado los esfuerzos contractualistas por reducir las múltiples voluntades a una; del otro, los esfuerzos utilitaristas por armar lo macropolítico-económico a partir de la espontaneidad de las microdecisiones del mercado. Así llegamos a nuestro tiempo, donde los neo-utilitaristas, habiendo reducido el derecho a una suerte de ancilla oeconomiae, reclaman constantemente porciones de seguridad jurídica para los intereses particulares, mientras que los herederos socialdemócratas de los contractualistas retuercen el derecho público para obtener un mínimo repartidor en la disputa de los intereses.

Por otra parte la identificación que hemos observado entre interés general = interés común = interés estatal pierde la fuerza e importancia que tuviera, ante la separación del poder de la política, que ya no domina al primero. Mientras el poder se multiplica y diversifica ( poder mediático y de la comunicación, poder financiero supranacional, poder de la ciencia, poder del terrorismo, poder de las grandes ONG transnacionales, como Greenpeace, etc.), todas ellas invocando un interés general y hasta universal. No se trata sólo de la pérdida o limitación de la soberanía bodiniana producto de la globalización, y del encontrarse fuera de los confines nacionales los reales poderes de decisión. Se trata de la pérdida, por parte de la política estatal, (que representa el interés general) del poder de agenda, esto es, del poder de fijar las materias sobre las cuales intervenir y decidir. Hoy la agenda establece prioridades de “interés general” por encima del Estado, a favor de grupos de interés: matrimonios y adopción entre homosexuales, aborto, fecundación artificial, ingeniería genética, etc. Si el interés general es un constructo, antes tenía una agencia, el Estado, por donde pasaba su definición. Hoy lo construyen. golpe a golpe, grupos de interés extra y supra estatales

Público y privado se desdibujan, sobre todo cuando el núcleo o zócalo jurídico del tiempo lo constituyen los human rights, invocables por el individuo de la especie sólo por pertenecer a ella. Y, con ello, la distinción entre derecho público y derecho privado no se recorta ya sobre interés público e interés privado, sino que su alcance se limita al campo metodológico, a una comodidad clasificatoria, en todo caso.

El interés desorbitado sólo parece encontrar un límite en la actividad desinteresada del surgente homo reciprocus, que redescubre la necesidad del otro en tanto otro.-


[1] ) Se ha consultado de Marcel Mauss “Sociologie et Anthropologie –précédé d’une introduction à l’oeuvre de Marcel Mauss par Claude Lévi-Strauss”, PUF, Paris, 6ª. Éd., 1978.



LAS TIERRAS ABIERTAS DE AMÉRICA LATINA Y LAS CONSECUENCIAS MILITARES DEL TSUNAMI EN CHILE.

Las comunidades de todo el mundo, y de América Latina, enfrentan un nuevo tipo de invasión de sus territorios. Hoy, los inversionistas extranjeros, sean agroempresas de Asia, del Golfo Pérsico o administradores de fondos europeos o estadounidenses, se apresuran a apoderarse de tierras en América Latina. Y mientras la atención de los medios se centra en los negocios de tierras en África, por lo menos la misma cantidad de dinero y más proyectos operan ya en América Latina donde los inversionistas aseguran que sus inversiones en tierras agrícolas son más seguras y menos controvertidas —pasando por alto las prolongadas luchas agrarias vigentes en prácticamente todos los países del continente. Estos nuevos acaparadores operan desde la distancia y asumen un aura de neutralidad. Son más difíciles de identificar y los mecanismos que las comunidades podrían utilizar para defenderse de la desposesión, la devastación o la contaminación de sus tierras no son claros. Esta nueva ola de invasiones provoca nuevos retos para las comunidades y los movimientos sociales en América Latina .Por lo pronto la internacionalización del Amazonas y el Acuífero ya figura en libros de texto americanos y sucesivamente el tema Malvinas demuestra que la vocación energética británica hará tabula rasa de cualquier planteo juridicista.
En Chile se ha planteado una situación estratégicamente nueva que es el verdadero motivo del desplazamiento de los vértices navales en ese país. El tsunami aniquiló mas del 25 por ciento de la flota de superficie destrozada en los puertos como cartón pintado y ahora Chile ,que tiene vocación geopolítica hacia la Antartida y al tiempo establecer una histórica línea defensiva sobre el Perú ,deberá reponer su sistema de armas de superficie.
Una prioridad que se hará en silencio,mientras las miradas humanitarias de las almas bellas se concentran en la reconstrucción de las ciudades.Excelente negocio para Holanda,Gran Bretaña ,Francia e Italia.
Nada de esto se dice pero se evalúa.


LA DESAPARICION DE LOS LICEOS MILITARES,NUEVO GOLPE DEL SOCIALFASCISMO.

Garré acaba de imponer a los Directores de los Liceos militares, navales y aeronáuticos, el nuevo régimen, que se sintetiza en:

Desaparición de la denominación de "cadetes". Ahora, serán alumnos. (Basta de marchas, canciones, bandas y demás) No hay Instrucción Militar, maniobras, campañas ni embarcos. Habrá un período de Instrucción Militar voluntario posterior al egreso.

Obviamente, a la reserva (los considera como “Comando Civiles"), excepto los voluntarios aludidos, no existe posibilidad de hacerlo como subteniente, guardiamarina o alférez.

Desaparición del Orden Cerrado, desfiles y trato con armas hasta 5º año, en el cual los alumnos estarán autorizados e instruidos para disparar hasta 20 tiros de carabina 22.

Profesores y Autoridades por concurso.

La internalidad, sólo con carácter excepcional. Los alumnos, de tal manera, serán simples cursantes de colegios secundarios.

Antes de fin de año, las 3 Escuelas de la Marina Mercante (Náutica, Fluvial y Pesca) saldrán de la órbita de la Armada, sumándose a la transferencia del Servicio de Hidrografía Naval, la Armada deja de tener la mínima injerencia en los intereses marítimos. La pesca y el control de la ZEE se lo ha asignado a la Prefectura, con lo cual vamos camino a la Prefecturización del Control del Mar, para lo que la PNA ni remotamente está capacitada (Ni siquiera tienen estado militar) y la mínima injerencia en las políticas marítimas. La Armada se dejó de lado expresamente en todo tipo de análisis o consultas sobre el declamado control del mar por la presencia de la Plataforma inglesa.

Se ha prohibido a la Armada incorporar "Oficiales de Reserva" (Lo hacía con Oficiales de la Marina Mercante, también considerados potenciales "Comandos civiles).

Obviamente, la desaparición de Liceos Militares (7 del Ejército, 2 de la Armada y 1 Aeronáutico), el ninguneo de la Marina de Guerra y el estado terminal de la Defensa Nacional, se hace con el exacto fin de eliminar las FFAA. Fríamente calculado y planificado.



Le revirement du renseignement pakistanais, qui a arrêté le n°2 des talibans, doit beaucoup à Riyad.

Après celle du commandant militaire des talibans afghans Abdul Ghani Baradar début février, l’arrestation d’un autre chef de guerre taliban, Maulvi Abdul Kabir, la semaine dernière au Pakistan, signale un changement de stratégie de l’Inter-Services Intelligence (ISI), la puissante centrale de renseignement pakistanaise. Longtemps proche des insurgés afghans qu’elle a financés et entraînés, l’ISI semble désormais décider à les affaiblir, sans toutefois les acculer à la défaite. Parallèlement aux arrestations de Baradar et de Kabir, l’agence pakistanaise a fait savoir aux services occidentaux qu’elle était prête à jouer un rôle dans les négociations initiées avec les insurgés afghans.

L’influence saoudienne a été déterminante dans ce revirement. Le chef du General Intelligence Directorate (GID) saoudien, le prince Moqrin bin Abdulaziz, demi-frère du roi Abdallah, a fait la navette entre Riyad et Islamabad pour convaincre le général Ashfaq Kayani, qui commande l’armée pakistanaise, de limiter le soutien de l’ISI aux talibans. Compte tenu du poids des contributions saoudiennes dans le budget de l’armée pakistanaise, il a été écouté (IOL nº611). Pour satisfaire aux exigences de l’état-major pakistanais, l’Arabie Saoudite a même été jusqu’à dépêcher en Inde son ministre des affaires étrangères, l’émir Saoud al-Fayçal, afin d’apaiser les tensions avec Islamabad et permettre ainsi aux forces pakistanaises de se concentrer sur le problème taliban.

Si l’ISI, commandée par le général Ahmed Shuja Pasha, est déterminée à affaiblir les talibans, l’agence se montre encore très réticente à collaborer avec ses homologues occidentaux, et tout particulièrement avec la CIA. Ce sont des agents de l’ISI qui mènent l’interrogatoire d’Abdul Ghani Baradar : les informations qu’il livre sur le commandement militaire taliban sont toutefois communiquées aux services occidentaux. Par ailleurs, les requêtes américaines pour que Baradar soit transféré dans la prison américaine de Bagram, près de Kaboul, sont pour le moment restées lettres mortes.


EL TAMBOR DE HOJALATA VUELVE A RESONAR.

El pedido del diputado Alejandro Rossi para investigar a los jueces antes de ser designados despertó la mayor de las alarmas en el ámbito judicial y político.

PUBLICIDAD

"Me sentí en la Alemania del año 30. Esto es muy peligroso", advirtió el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo.

"Se sienta un manto de sospechas sobre los jueces y después salen estos que quieren ser más papistas que el papa y para quedar bien con sus jefes, les aparece el enano fascista adentro. La actitud de ayer fue fascista", dijo, con énfasis, el magistrado.

Y advirtió: "Hoy sucede con los jueces, mañana con los periodistas. Estamos en un filo peligroso donde se están manifestando conductas autoritarias que realmente provocan una gran preocupación".

La polémica surgió luego de que el diputado oficialista Alejandro Rossi pidiera en un plenario del Consejo de la Magistratura que se debe investigar a los jueces antes de ser designados.

"Debemos investigar cuántos jueces están casados entre sí, si tienen hijos como empleados en los tribunales, a qué sector social pertenecen. Sólo así tendremos una herramienta para saber qué jueces queremos y qué jueces estamos produciendo", dijo el kirchnerista.

Además, agregó: "Habría que ver qué tipo de sector representan, qué tipo de ideología, cuántos están casados entre sí, cuántos son parientes, a qué clubes van, a qué colegios asisten sus hijos".

Esta mañana rectificó sus dichos en declaraciones radiales. "Erróneamente se ha interpretado que mi planteo era investigar la vida privada de los jueces, si fue considerado así pido disculpas", dijo

Aunque más temprano había dicho: "Quiero saber qué tipos de jueces el Consejo de la Magistratura ha producido, quiero saber si no hay una familia judicial que se repite y se replica a sí misma. Quiero saber en qué trabajan los hijos de los jueces, quiero saber cómo acceden sus esposas a la Magistratura".

En tanto, la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió acusó al Gobierno de entrar en "una etapa fascista, en la que se empieza a perseguir a opositores, jueces y periodistas".



Denuncian a Garré y la cúpula del Ejército

El 9 de marzo de 2010, la Arq. LILIANA RAFFO DE FERNÁNDEZ CUTIELLOS, viuda del Tte. Coronel HORACIO FERNÁNDEZ CUTIELLOS, muerto en combate en el ataque a La Tablada, durante el gobierno del Dr. ALFONSÍN, patrocinada por los abogados Carlos Alfredo TÓRTORA y Enrique A. PIRAGINI, en representación de A.R.I.E.L, la organización no gubernamental que trabaja reclamando seguridad, ha radicado una denuncia por ante la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal con motivo de la irresponsable publicación de listados de personas supuestamente involucradas en tareas de inteligencia, por parte de altos jefes militares que dependen de la Ministro de Defensa de la Nación. La denuncia es dirigida contra el actual Jefe de Inteligencia del Ejército, Gral. CÉSAR MILANI, el Secretario General del Ejército, Gral. HUGO DOMINGO BRUERA, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), general de división Luis Pozzi, sus cómplices, partícipes, instigadores y encubridores. El hecho denunciado consiste en haber incluido indebidamente a su fallecido esposo, el Teniente Coronel HORACIO FERNÁNDEZ CUTIELLOS, en el listado de personas sindicadas como quienes habrían desarrollado actividades represivas, colocándola, tanto a ella como a su familia, en situación de vulnerabilidad y lesionando el honor de quien diera su vida en defensa de las instituciones democráticas.

A través del Decreto 4/2010 del Poder Ejecutivo Nacional, se ordenó: “Relévase de la clasificación de Seguridad a toda documentación en información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas, en el período comprendido entre los años 1976 y 1983".

En los Considerandos del Decreto, queda establecido que la información deberá ser suministrada a la Justicia, en el marco de causas determinadas o que sean requeridas por la Comisión Bicameral de fiscalización de los organismos y actividades de Inteligencia.

El mencionado artículo del Poder Ejecutivo es explícito al respecto, respetando los lineamientos de la Ley de Inteligencia Número 25.520: dice que, tanto la información que trascienda al ámbito judicial y/o de la bicameral de control de los servicios, deberá guardar el más estricto secreto y confidencialidad. La violación de este deber hará incurrir a los infractores o posibles infractores en sanciones previstas en el libro II título IX capítulo II, Artículo 222/223 del Código Penal de la Nación, según correspondiere.

En la instrucción recibida de parte del Poder Ejecutivo, incluso se limita el pedido al personal que pudiera haberse desempeñado en el Destacamento de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, y en orden a una determinada causa judicial.

Bajo ninguna circunstancia debería revelarse un listado de personal de 4.300 integrantes de la Inteligencia castrense. Mucho menos a los medios de Comunicación social o a una ONG, en este caso la comúnmente conocida como "Archivo de la Memoria Parcial" y mucho menos publicarse en un medio gráfico de circulación masiva como la Revista XXIII.

Ese irresponsable y tendencioso accionar implica violación de secretos, falsedad ideológica y violación de los deberes de funcionario público, debiendo responder no sólo sus autores inmediatos sino también la Ministro de Defensa por su responsabilidad funcional “in vigilando” al omitir sus deberes de funcionario público.

Esta gravísima situación genera inseguridad y coloca en situación de vulnerabilidad e indefensión a todas aquellas personas cuya identidad debería haberse preservado, pues dicha sensible información únicamente debía brindarse ante determinadas circunstancias y condiciones a jueces que investiguen supuestas violaciones a los derechos humanos y al H. Congreso Nacional, a través de la Comisión Bicameral correspondiente.

El actual Director de Inteligencia Militar ha cometido uno de los actos de traición ciertamente más arteros que se pueden pergeñar en contra del propio sistema de defensa, vulnerando a la vez la seguridad de su propio personal y familias. El texto de la denuncia es el siguiente:

DENUNCIAN DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA.

Excma. Cámara:

LILIANA RAFFO DE FERNÁNDEZ CUTIELLOS, por mi derecho, con el patrocinio letrado de Carlos Alfredo TORTORA y Enrique A. PIRAGINI, abogados (CPACF Tº 22 Fº 23 y Tº 55 Fº 865, respectivamente), constituyendo domicilio en Uruguay 485, 3° “R02”, Zona 119, (TE 154-159-8401) a V.E. respetuosamente digo:

Vengo a solicitar se designe juzgado instructor a fin de determinar la posible existencia de distintos delitos de acción pública, con motivo de la irresponsable publicación de listados de personas supuestamente involucradas en tareas de inteligencia, por parte de altos jefes militares que dependen de la Ministro de Defensa de la Nación. La denuncia es dirigida contra el actual Jefe de Inteligencia del Ejército, Gral. CÉSAR MILANI, el Secretario General del Ejército, Gral. HUGO DOMINGO BRUERA, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), general de división Luis Pozzi y su responsable funcional la Ministro de Defensa de la Nación NILDA GARRÉ, sus cómplices, partícipes, instigadores y encubridores, por violación de secretos, falsedad ideológica y omisión y violación de los deberes de funcionario público. El hecho denunciado consiste en haber dado estado público a una sensible información que reviste calidad de secreto de Estado, y únicamente podría haber sido provista, por orden judicial, “en el marco de causas determinadas o que sean requeridas por la Comisión Bicameral de fiscalización de los organismos y actividades de Inteligencia” y sin embargo trascendió, con aviesa intencionalidad persecutoria y discriminatoria, a un ente afín al gobierno y a un medio gráfico también allegado al oficialismo que publicara una lista de personas supuestamente vinculadas a dichas tareas, colocando en situación de vulnerabilidad a las mismas y a sus familiares, llegándose al extremo de haber incluido en esos listados a personas que nunca participaron en esa clase de tareas. A través del Decreto 4/2010 del Poder Ejecutivo Nacional, se ordenó: “Relévase de la clasificación de Seguridad a toda documentación en información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas, en el período comprendido entre los años 1976 y 1983".

En los Considerandos del Decreto, queda establecido que la información deberá ser suministrada a la Justicia, en el marco de causas determinadas o que sean requeridas por la Comisión Bicameral de fiscalización de los organismos y actividades de Inteligencia.

El mencionado artículo del Poder Ejecutivo es explícito al respecto, respetando los lineamientos de la Ley de Inteligencia Número 25.520: dice que, tanto la información que trascienda al ámbito judicial y/o de la bicameral de control de los servicios, deberá guardar el más estricto secreto y confidencialidad. La violación de este deber hará incurrir a los infractores o posibles infractores en sanciones previstas en el libro II título IX capítulo II, Artículo 222/223 del Código Penal de la Nación, según correspondiere.

En la instrucción recibida de parte del Poder Ejecutivo, incluso se limita el pedido al personal que pudiera haberse desempeñado en el Destacamento de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, y en orden a una determinada causa judicial.

Bajo ninguna circunstancia debería revelarse un listado de personal de 4.300 integrantes de la Inteligencia castrense. Mucho menos a los medios de Comunicación social o a una ONG, en este caso la comúnmente conocida como "Archivo de la Memoria Parcial" y mucho menos publicarse en un medio gráfico de circulación masiva como la Revista XXIII.

Ese irresponsable y tendencioso accionar implica violación de secretos, falsedad ideológica y violación de los deberes de funcionario público, debiendo responder no sólo sus autores inmediatos sino también la Ministro de Defensa por su responsabilidad funcional “in vigilando” al omitir sus deberes de funcionario público.

Esta gravísima situación genera inseguridad y coloca en situación de vulnerabilidad e indefensión a todas aquellas personas cuya identidad debería haberse preservado, pues dicha sensible información únicamente debía brindarse ante determinadas circunstancias y condiciones a jueces que investiguen supuestas violaciones a los derechos humanos y al H. Congreso Nacional, a través de la Comisión Bicameral correspondiente

En efecto, quince días atrás, se difundió la extensa nómina del personal que revistó bajo la dependencia de la Jefatura de Inteligencia de Ejército durante el último gobierno militar, gracias a que la Jefatura de Inteligencia del Ejército proporcionó la información, entregándosela además a varios organismos de derechos humanos.

El listado, que fue publicado en una separata por el semanario Veintitrés, incluye 4300 nombres, de los cuales 1599 corresponden a agentes civiles de inteligencia (PCI) y 345 a militares. El documento lleva la firma del actual Jefe de Inteligencia del Ejército, General César Milani, y fue entregado al Juez Federal Ariel Lijo por el titular del Archivo para la Memoria, Ramón Torres Molina.

Reporteado por elargentino.com pocos días después de que se difundiera el documento, el Secretario General del Ejército, General Hugo Domingo Bruera aplaudió el hecho en los siguientes términos:

“Es muy favorable y más aún teniendo en cuenta que la nómina del personal civil que revistió en el Batallón también fue firmada por el actual director general de Inteligencia, César Milani. ¿Por qué? Porque este tipo de apertura permite reflejar que el Ejército no tiene nada que ocultar. Es bueno que se conozca qué pasó y quién era cada uno. El actual Ejército no quiere cargar con mochilas de otra época, problemas que no nos pertenecen. Al contrario. Desde la Secretaría General estamos impulsando la política de despegue de los actuales oficiales de los antiguos problemas. Por eso, también lamentamos que en esa nómina se hayan filtrado algunas inexactitudes.” Esta afirmación evidencia el grado mayúsculo de irresponsabilidad al señalar abiertamente a personas que ni siquiera participaron de esas tareas de inteligencia, a la vez que hace trascender al público información sensible y privada, pudiendo instigar a la violencia contra personas supuestamente intervinientes en actividades represivas.

En dicho listado se incluyó a mi difunto esposo, el Tte. Coronel HORACIO FERNÁNDEZ CUTIELLOS, muerto en combate en el ataque a La Tablada, durante el gobierno del Dr. ALFONSÍN, vulnerando su memoria y afectando directamente a sus hijos y a sus familiares, quienes hemos reclamado contra los aquí denunciados para que rectifiquen dicho “error”, sin obtener respuesta alguna.

Adelanto que asumiré el rol de querellante no solo como ciudadana sino también en aras del interés difuso ínsito en el art. 43 de la Carta Magna local y Nacional, ya que hechos como los descriptos generan inseguridad en la población.

Proveer de conformidad, SERA AFIANZAR LA JUSTICIA.

Arq. LILIANA RAFFO DE FERNÁNDEZ CUTIELLOS

CARLOS ALFREDO TORTORA ENRIQUE A. PIRAGINI

La violación de secretos de Estado

El 9 de marzo de 2010, los abogados Carlos Alfredo TORTORA y Enrique A. PIRAGINI, en representación de A.R.I.E.L.somos todos.ong, la organización no gubernamental que trabaja reclamando seguridad, han radicado una denuncia por ante la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal con motivo de la irresponsable publicación de listados de personas supuestamente involucradas en tareas de inteligencia, por parte de altos jefes militares que dependen de la Ministro de Defensa de la Nación. La denuncia es dirigida contra el actual Jefe de Inteligencia del Ejército, Gral. CÉSAR MILANI, el Secretario General del Ejército, Gral. HUGO DOMINGO BRUERA, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), general de división Luis Pozzi, sus cómplices, partícipes, instigadores y encubridores. El hecho denunciado consiste en haber dado estado público a una sensible información que reviste calidad de secreto de Estado, y únicamente podría haber sido provista, por orden judicial, “en el marco de causas determinadas o que sean requeridas por la Comisión Bicameral de fiscalización de los organismos y actividades de Inteligencia” y sin embargo trascendió, con aviesa intencionalidad persecutoria y discriminatoria, a un ente afín al gobierno y a un medio gráfico también allegado al oficialismo que publicara una lista de personas supuestamente vinculadas a dichas tareas, colocando en situación de vulnerabilidad a las mismas y a sus familiares, llegándose al extremo de haber incluido en esos listados a personas que nunca participaron en esa clase de tareas.

A través del Decreto 4/2010 del Poder Ejecutivo Nacional: “Relévase de la clasificación de Seguridad a toda documentación en información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas, en el período comprendido entre los años 1976 y 1983".

En los Considerandos del Decreto, queda establecido que la información deberá ser suministrada a la Justicia, en el marco de causas determinadas o que sean requeridas por la Comisión Bicameral de fiscalización de los organismos y actividades de Inteligencia.

El mencionado artículo del Poder Ejecutivo es explícito al respecto, respetando los lineamientos de la Ley de Inteligencia Número 25.520: dice que, tanto la información que trascienda al ámbito judicial y/o de la bicameral de control de los servicios, deberá guardar el más estricto secreto y confidencialidad. La violación de este deber hará incurrir a los infractores o posibles infractores en sanciones previstas en el libro II título IX capítulo II, Artículo 222/223 del Código Penal de la Nación, según correspondiere.

En la instrucción recibida de parte del Poder Ejecutivo, incluso se limita el pedido al personal que pudiera haberse desempeñado en el Destacamento de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, y en orden a una determinada causa judicial.

Bajo ninguna circunstancia debería revelarse un listado de personal de 4.300 integrantes de la Inteligencia castrense. Mucho menos a los medios de Comunicación social o a una ONG, en este caso la comúnmente conocida como "Archivo de la Memoria Parcial" y mucho menos publicarse en un medio gráfico de circulación masiva como la Revista XXIII.

Ese irresponsable y tendencioso accionar implica violación de secretos, falsedad ideológica y violación de los deberes de funcionario público, debiendo responder no sólo sus autores inmediatos sino también la Ministro de Defensa por su responsabilidad funcional “in vigilando” al omitir sus deberes de funcionario público.

Esta gravísima situación genera inseguridad y coloca en situación de vulnerabilidad e indefensión a todas aquellas personas cuya identidad debería haberse preservado, pues dicha sensible información únicamente debía brindarse ante determinadas circunstancias y condiciones a jueces que investiguen supuestas violaciones a los derechos humanos y al H. Congreso Nacional, a través de la Comisión Bicameral correspondiente.

El actual Director de Inteligencia Militar ha cometido uno de los actos de traición ciertamente más arteros que se pueden pergeñar en contra del propio sistema de defensa, vulnerando a la vez la seguridad de su propio personal y familias.

El texto de la denuncia es el siguiente:

DENUNCIAN DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA.

Excma. Cámara:

Carlos Alfredo TORTORA y Enrique A. PIRAGINI, abogados (CPACF Tº 22 Fº 23 y Tº 55 Fº 865, respectivamente), como ciudadanos y en representación de A.R.I.E.L. somos todos.ong (ARGENTINA RECUPERA IDONEIDAD EN LIBERTAD, ong inscripta en CENOC bajo el nº 10427) constituyendo domicilio en Uruguay 485, 3° “R02”, Zona 119, (TE 154-159-8401) a V.E. respetuosamente decimos:

Venimos a solicitar se designe juzgado instructor a fin de determinar la posible existencia de distintos delitos de acción pública, con motivo de la irresponsable publicación de listados de personas supuestamente involucradas en tareas de inteligencia, por parte de altos jefes militares que dependen de la Ministro de Defensa de la Nación. La denuncia es dirigida contra el actual Jefe de Inteligencia del Ejército, Gral. CÉSAR MILANI, el Secretario General del Ejército, Gral. HUGO DOMINGO BRUERA, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), general de división Luis Pozzi y su responsable funcional la Ministro de Defensa de la Nación NILDA GARRÉ, sus cómplices, partícipes, instigadores y encubridores, por violación de secretos, falsedad ideológica y omisión y violación de los deberes de funcionario público.

El hecho denunciado consiste en haber dado estado público a una sensible información que reviste calidad de secreto de Estado, y únicamente podría haber sido provista, por orden judicial, “en el marco de causas determinadas o que sean requeridas por la Comisión Bicameral de fiscalización de los organismos y actividades de Inteligencia” y sin embargo trascendió, con aviesa intencionalidad persecutoria y discriminatoria, a un ente afín al gobierno y a un medio gráfico también allegado al oficialismo que publicara una lista de personas supuestamente vinculadas a dichas tareas, colocando en situación de vulnerabilidad a las mismas y a sus familiares, llegándose al extremo de haber incluido en esos listados a personas que nunca participaron en esa clase de tareas.

A través del Decreto 4/2010 del Poder Ejecutivo Nacional, se ordenó: “Relévase de la clasificación de Seguridad a toda documentación en información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas, en el período comprendido entre los años 1976 y 1983".

En los Considerandos del Decreto, queda establecido que la información deberá ser suministrada a la Justicia, en el marco de causas determinadas o que sean requeridas por la Comisión Bicameral de fiscalización de los organismos y actividades de Inteligencia.

El mencionado artículo del Poder Ejecutivo es explícito al respecto, respetando los lineamientos de la Ley de Inteligencia Número 25.520: dice que, tanto la información que trascienda al ámbito judicial y/o de la bicameral de control de los servicios, deberá guardar el más estricto secreto y confidencialidad. La violación de este deber hará incurrir a los infractores o posibles infractores en sanciones previstas en el libro II título IX capítulo II, Artículo 222/223 del Código Penal de la Nación, según correspondiere.

En la instrucción recibida de parte del Poder Ejecutivo, incluso se limita el pedido al personal que pudiera haberse desempeñado en el Destacamento de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, y en orden a una determinada causa judicial.

Bajo ninguna circunstancia debería revelarse un listado de personal de 4.300 integrantes de la Inteligencia castrense. Mucho menos a los medios de Comunicación social o a una ONG, en este caso la comúnmente conocida como "Archivo de la Memoria Parcial" y mucho menos publicarse en un medio gráfico de circulación masiva como la Revista XXIII.

Ese irresponsable y tendencioso accionar implica violación de secretos, falsedad ideológica y violación de los deberes de funcionario público, debiendo responder no sólo sus autores inmediatos sino también la Ministro de Defensa por su responsabilidad funcional “in vigilando” al omitir sus deberes de funcionario público.

Esta gravísima situación genera inseguridad y coloca en situación de vulnerabilidad e indefensión a todas aquellas personas cuya identidad debería haberse preservado, pues dicha sensible información únicamente debía brindarse ante determinadas circunstancias y condiciones a jueces que investiguen supuestas violaciones a los derechos humanos y al H. Congreso Nacional, a través de la Comisión Bicameral correspondiente

En efecto, quince días atrás, se difundió la extensa nómina del personal que revistó bajo la dependencia de la Jefatura de Inteligencia de Ejército durante el último gobierno militar, gracias a que la Jefatura de Inteligencia del Ejército proporcionó la información, entregándosela además a varios organismos de derechos humanos.

El listado, que fue publicado en una separata por el semanario Veintitrés, incluye 4300 nombres, de los cuales 1599 corresponden a agentes civiles de inteligencia (PCI) y 345 a militares. El documento lleva la firma del actual Jefe de Inteligencia del Ejército, General César Milani, y fue entregado al Juez Federal Ariel Lijo por el titular del Archivo para la Memoria, Ramón Torres Molina.

Reporteado por elargentino.com pocos días después de que se difundiera el documento, el Secretario General del Ejército, General Hugo Domingo Bruera aplaudió el hecho en los siguientes términos: “Es muy favorable y más aún teniendo en cuenta que la nómina del personal civil que revistió en el Batallón también fue firmada por el actual director general de Inteligencia, César Milani. ¿Por qué? Porque este tipo de apertura permite reflejar que el Ejército no tiene nada que ocultar. Es bueno que se conozca qué pasó y quién era cada uno. El actual Ejército no quiere cargar con mochilas de otra época, problemas que no nos pertenecen. Al contrario. Desde la Secretaría General estamos impulsando la política de despegue de los actuales oficiales de los antiguos problemas. Por eso, también lamentamos que en esa nómina se hayan filtrado algunas inexactitudes.” Esta afirmación evidencia el grado mayúsculo de irresponsabilidad al señalar abiertamente a personas que ni siquiera participaron de esas tareas de inteligencia, a la vez que hace trascender al público información sensible y privada, pudiendo instigar a la violencia contra personas supuestamente intervinientes en actividades represivas.

A modo de ejemplo, dejamos constancia que se involucró en dicho listado al difunto Tte. Coronel HORACIO FERNÁNDEZ CUTIELLOS, muerto en combate en el ataque a La Tablada, durante el gobierno del Dr. ALFONSÍN, vulnerando su memoria y afectando directamente a sus hijos y a su abnegada esposa, la Arq. LILIANA RAFFO DE FERNÁNDEZ CUTIELLOS, quien ha reclamado contra los aquí denunciados para que rectifiquen dicho “error”, sin obtener respuesta alguna.

Adelantamos que asumimos el rol de querellantes no solo como ciudadanos sino también en aras del interés difuso ínsito en el art. 43 de la Carta Magna local y Nacional, ya que hechos como los descriptos generan inseguridad en la población y resultan objeto de la organización no gubernamental A.R.I.E.L. somos todos.ong (ARGENTINA RECUPERA IDONEIDAD EN LIBERTAD, Inscripta en el CENOC bajo el nº 10427, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, cuya personería solicitamos se certifique a través de la página oficial que en Internet mantiene dicho Ministerio) que trabaja reclamando seguridad.

Proveer de conformidad,

SERA AFIANZAR LA JUSTICIA.

CARLOS ALFREDO TÓRTORA ENRIQUE A. PIRAGINI

CPACF 55-865



HIJOS DE BRITANICOS MALVINENSES SE PROPONDRAN COMO CANDIDATOS EN SANTA CRUZ


Por INFOPUB-CODIP-PRIVADO

Estimados,

Ustedes saben bien que la capacidad operativa de la Armada es casi nula. Ni hablar de la Fuerza Aérea y el Ejército. Pero las expresiones de la Presidente, que la educación es más importante que las fuerzas armadas, quizás sea una frase extraída de San Martin, pero en otros tiempos.

INGLATERRA, no solo hará caso omiso a los reclamos estériles del canciller Taiana, sino que pondrá custodia a las empresas que comiencen a explorar y explotar petróleo, las reservas, según da cuenta Radio La Voz de Rusia, a través de su corresponsal en Argentina, son de 60.000.000 millones de barriles de petróleo. Sin contar los nódulos polimetálicos que se encuentran a flor del lecho marino, con varios tipos de minerales, que solo bastaría sacarlos con buzos.

Además, Taiana- montonero- debió junto con Kirchner, hacer un fuerte ruido, cuando la Unión Europea, incluyó en su nueva Constitución a las Falkland Island, o Islas Malvinas.

Somos un pais bananero, informaciones muy confiables, dan cuenta que hijos de británicos malvinenses, se propondrán para las próximas candidaturas provinciales en Santa Cruz.


LA IDENTIFICACION DE PARCASS,un liberal ?

ramon cassino

Datos personales

Muy aburrido

Intereses

Películas favoritas

Música favorita

Libros favoritos

Mis blogs

Miembros del equipo

PARCASS

Blogs que sigo

deshonestidad intelectu


AMENAZAS VINCULADAS CON EL CASO TIMERMAN.


El 03 del corriente a las 03:19:27 recibí amenazas vinculadas con el caso Timerman, cuya IP y código de emisión transcribo.La computadora de origen se encuentra ubicada en Montevideo, Republica Oriental del Uruguay y pasaré las actuaciones a la justicia a fin de que el área de delitos informáticos determine, mediante peritaje de actuario pertinente, a quien pertenece dicha computadora, quién paga sus transmisiones y cual es exactamente su servidor. El seudónimo utilizado para las amenazas, bastante obvias y banales, es el de MASAS y quiero saber de la misma forma quienes utilizan ese seudónimo para enviar mensajes anónimos de carácter amenazante pero con escasa imaginación.

Además escriben mal. y el horario es molesto, mejor me amenazan a una hora mas temprana. Es todo.

Edgardo Arrivillaga.

encrypted) SMTP; Wed,
03 Mar 2010 03:19:28 +0000
03 Mar 2010 03:19:27 +0000
R.1
Received: from unknown (HELO Carlita) (masas@186.12.13.119)
by smtp.montevideo.com.uy with ESMTPA; Wed, 03 Mar 2010 03:19:21 +0000
Date: Wed, 03 Mar 2010 00:19:12 -0300
From: MASAS <masas@montevideo.com.uy>
Subject: Re: sistemas de inteligencia y TIMERMAN.



CICLOS,LA IMAGEN SALVADA.

 (Más)


ANUNCIAN CAMBIOS EN CANCILLERÍA URUGUAYA.


El futuro ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, anunció algunos de los cambios con que se iniciará su gestión, el próximo 1 de marzo. En relación a las representaciones en el exterior, se confirmó que el embajador en Argentina será Guillermo Pomi (actual embajador en Sudáfrica), hombre de confianza del presidente electo José Mujica; en Chile se designará a Pedro Vaz (actual canciller), en Italia a Gustavo Álvarez (actual representante alterno ante Naciones Unidas) y en Sudáfrica a Luis Bermúdez. Entre los cargos de dirección, el director general de Secretaría del Ministerio será Nelson Chabén (actual embajador en Corea del Sur) y el director general para Asuntos Políticos será Ricardo González (actual embajador en España). Se mantienen en sus cargos Walter Cancela, director general para Asuntos Económicos Internacionales, Mercosur e Integración; Carlos Amorin como embajador en Brasil, y Carlos Gianelli en Estados Unidos. Se prevé que el actual director general para Asuntos Políticos, Elbio Roselli, partirá a algún destino en el exterior. Entre los embajadores políticos (que no son funcionarios de carrera del Servicio Exterior) el actual embajador en Chile, Carlos Pita, retornará al país para continuar con sus actividades políticas, y el actual representante en Italia, Alberto Breccia, será Secretario de la Presidencia. Por otra parte, se anunció que cambiarán los criterios de evaluación de los funcionarios del Servicios Exterior, estableciendo "parámetros objetivos", que valoren la gestión y el rendimiento de los diplomáticos. Almagro (diplomático de carrera) señaló las dificultades para cuantificar algunos de los criterios que actualmente se toman, como cooperación, responsabilidad, cultura profesional y pulcritud. (El País – Política – 13/02/2010; El País – Política – 18/02/2010).


EMBAJADORES,BUSCO MI DESTINO.


por Carlos Ortíz de Rosas.

Publicado hace un tiempo el trabajo del profesional de la diplomacia ya anticipaba algunos elementos de incertidumbre y contradicción que hemos visto plasmarse en los últimos días en la Cancillería.Es un util documento auxiliar para algunos desarrollos que veremos en los proximos dias y basicamente apunta a evitar el amaterurismo periodistico en areas
sensibles de la politica exterior argentina y sus ejecutores periodisticos.
IMPULSADO por el senador nacional Augusto Alasino (PJ, Entre Ríos) y con la firma de otros trece colegas integrantes del bloque justicialista que él preside, ha sido presentado en el Honorable Senado de la Nación un proyecto de ley sobre el Servicio Exterior de la Nación. Una detenida lectura de su articulado permite llegar a una primera conclusión: se trata de una iniciativa política e intelectualmente honesta. En efecto, sin subterfugios ni concesiones, desde el principio hasta el fin se propone deshacer la actual estructura orgánica y las instituciones de la diplomacia argentina. Claro está que no es ése el fin declarado, pero es obvio que apunta a tal objetivo.

Los autores basan su afán reformista en fundamentos tan variados y curiosos como la necesidad de adaptarse a la realidad que marcan hechos tales como la caída del Muro de Berlín, el colapso del comunismo, el progreso de la informática o el desarrollo y abaratamiento de los medios de transporte. Por supuesto, tampoco falta la invocación a la globalización, en cuyo nombre se ha instalado la costumbre de pretender justificar toda clase de desatinos e iniquidades.

Aduce el proyecto que cada vez hay más países que ajustan su marco normativo interno a dicha realidad, pero no menciona ninguno. Es lamentable esta omisión, porque hubiera sido interesante conocer qué aspectos de la legislación comparada han sido estudiados para incorporarlos a la ley que se propone.

Por lo que se sabe, aquellas naciones de Europa oriental que durante años fueron regidas por gobiernos comunistas han debido introducir reformas en ese campo para adecuarlo a las características del mundo libre que ahora integran. Va de suyo que no es el caso argentino. Pero en todos los países significativos siguen teniendo vigencia las exigencias de profesionalización, estabilidad y eliminación de las interferencias políticas en el reclutamiento, la formación y desempeño de los cuadros permanentes de la diplomacia. Es decir, todo lo contrario de lo que podría ocurrir entre nosotros de prosperar la propuesta del senador Alasino.

Un cuerpo competente y eficaz

Parecería que las instituciones argentinas que cumplen bien su cometido están expuestas a una especie de maleficio que las condena a la desaparición. Esta vez le ha tocado el embate innovador al Servicio Exterior de la Nación, el único cuerpo civil del Estado organizado jerárquicamente y disciplinado, en el que se ingresa mediante título habilitante y un riguroso examen de selección, que a través de los años ha dado pruebas más que suficientes de competencia y eficacia. Quizás era demasiado esperar que se le permitiese continuar acumulando experiencias y méritos a cubierto de la voracidad de quienes están al acecho de una oportunidad para irrumpir en sus rangos superiores sin tener necesidad de cumplir con el fastidioso requerimiento de acreditar idoneidad.

Sería útil hacer aquí un análisis pormenorizado del texto en cuestión, pero, en atención a la brevedad, me voy a concentrar en unos pocos puntos que a mi juicio sirven para revelar la orientación general del proyecto.

Puerta abierta a la discrecionalidad

Para empezar, es ilustrativo señalar que elimina el carácter de "excepcional" que el actual sistema asigna a la designación de embajadores políticos (artículo 8), con lo cual se da carta blanca para que ocupe esas posiciones un número ilimitado de personas ajenas al cuadro profesional. Igualmente faculta a esos embajadores a seguir cursos de "actualización y especialización" en el Instituto Universitario del Servicio Exterior cuando hayan "culminado" su misión. ¿No hubiera sido más lógico y provechoso dictarles esos cursos antes de que partiesen al exterior y no a su regreso?

El elemento de discrecionalidad que surge con frecuencia en el proyecto se pone de manifiesto, entre otros, en el artículo 27, inciso b, que permite la remoción de embajadores y ministros de primera clase del Cuadro Permanente Activo "por causas justificadas para los intereses nacionales". En buen romance esto significa que cuando se quiera provocar vacantes para cubrirlas con nombramientos políticos bastará con alegar que así lo reclama el "interés nacional". ¿Quién puede definir con exactitud ese impreciso concepto como para aplicarlo con equidad a la cesantía de funcionarios que han cumplido cabalmente con todas sus obligaciones? Es evidente que esta cláusula puede dar lugar a irritantes arbitrariedades.

En varias partes, el articulado consagra una injustificada intromisión del Poder Legislativo en las potestades que la tradición y la Constitución reservan para el Poder Ejecutivo. Así, la creación de un cuerpo consultivo en el que participarán, además de embajadores políticos, los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados, con facultades para intervenir en todo lo referido a designaciones, promociones, traslados, sanciones disciplinarias y otros procedimientos, así como también para entender en "cuestiones relevantes que hagan al manejo de las relaciones internacionales" (artículos 34, 35 y 36). También cuando determina la separación automática de un funcionario al que el Senado le hubiere rechazado su acuerdo por tres veces consecutivas, factor inquietante por los manejos a que puede prestarse si se tiene en cuenta que el proyecto incluye la novedad de hacer necesaria la aprobación de ese honorable cuerpo cada vez que un embajador o ministro sea destinado al exterior.

Entre tantas otras observaciones que pueden formularse, cabe mencionar lo concerniente al restablecimiento de cónsules honorarios, recurso que fue dejado de lado hace muchos años cuando se reglamentó la profesionalización de la carrera, o la derogación de formalidades indispensables para pertenecer al servicio diplomático permanente, como la prohibición, entre otras, de ejercer actividades comerciales, profesionales o de gestión de intereses privados en el extranjero.

Estabilidad y favor político

Para concluir, se impone una referencia al artículo 92, que está destinado a asestar el golpe de gracia al actual Servicio Exterior al permitir, por un período excepcional de ocho meses, que se puedan efectuar designaciones en cualquier rango de la carrera prescindiendo del ingreso por concurso, promociones sin respetar los tiempos mínimos en cada categoría y el retiro sin causa de cualquier funcionario. En síntesis, una norma absolutamente discrecional que se presta a toda clase de abusos e injusticias.

No es difícil imaginar las situaciones enojosas que inevitablemente se producirán si tienen que convivir en la Cancillería o en las embajadas aquellos que han cumplido con todas las exigencias de la ley con los que entraron por la ventana o fueron ascendidos sin otro mérito que el de gozar del favor de algún político.

Resulta sorprendente, para decir lo menos, que senadores justicialistas suscriban al respecto un criterio totalmente opuesto al sustentado por el presidente Juan D. Perón, que, en su mensaje al Poder Legislativo para someter a su consideración la actual ley orgánica, afirmaba que la estabilidad del cuerpo de funcionarios es un requisito esencial para mantener la eficiencia del Servicio y que para realizar una gran política exterior hay que cohesionar a sus cuadros.

Hay que confiar entonces en que el buen sentido induzca a sus autores a desistir del proyecto, recordando aquello de que lo "mejor es enemigo de lo bueno". Y sin duda el Servicio Exterior argentino no sólo es muy bueno sino que además está perfectamente preparado para hacer frente a los desafíos de la coyuntura internacional. © La Nación

El autor es diplomático de carrera. Fue embajador en Austria, Naciones Unidas, Francia y los Estados Unidos de América.



UNA PROPUESTA MOLESTA PARA LOS INQUISIDORES.

http://www.tendencias21.net/Internet-puede-ser-el-proximo-Nobel-de-Paz_a4169.html


OBAMA Y AMÉRICA LATINA: LOS LATINOAMERICANOS SON UN PATIO TRASERO DESCUIDADO.


Por Juan Gabriel Tokatlian

La política de los Estados Unidos hacia América Latina está sesgada por la política doméstica de esa nación. El resultado de esto es el fracaso, el descrédito y su pérdida influencia. Los ejemplos.

El ex Presidente de la Cámara de Representantes en Washington, “Tip” O’Neill, capturó la realidad de la vida política diaria de los Estados Unidos – y de todas partes- en una frase que se hizo célebre: “Toda política es local”. Cuando se la aplica a un contexto más amplio –tal vez según el principio de que “toda política exterior es política doméstica”, se transforma en una guía peligrosa. El abordaje de Washington hacia América Latina, tanto bajo Barack Obama como de su predecesor George W Bush, es un caso a tener en cuenta.

Resulta evidente que tanto la política interna como la exterior están imbricadas de modo que en la actualidad la mayoría de los asuntos son “intermésticos”; esto es, internacionales y domésticos de manera que ligan una multitud de actores gubernamentales y no gubernamentales con diferentes atributos de poder e intereses de poder. Aún así, la “sobre-primacía” de la política doméstica es un grave error que afecta metas globales esenciales, compromisos y responsabilidades. El primer año de gestión del presidente Obama ha sido, en términos de las relaciones de los Estados Unidos con América Latina, un vívido ejemplo de ese énfasis excesivo.

Ninguna de las políticas clave de Obama hacia la región ha sido capaz de contrarrestar la abrumadora influencia de la política doméstica. La creciente (y razonable) preocupación por la estabilidad de México a la luz del avance del crimen organizado relacionado con el narcotráfico, fue abordado con la fórmula tradicional: el coercitivo Plan Mérida que sólo satisface a los “halcones” de adentro y de afuera del Ejecutivo y del Legislativo. La quinta Cumbre de la Américas llevada a cabo en abril del 2009 en Trinidad & Tobago fue un fiasco, en gran parte porque Washington estaba poco interesado en una actualización del diálogo sobre comercio: los proteccionistas del Congreso y entre los sectores empresarios tornaron imposible cualquier renovación seria del debate económico acerca de la economía en el hemisferio occidental.

El acuerdo militar de agosto de 2009 entre los Estados Unidos y Colombia por el cual las tropas norteamericanas pueden utilizar siete bases colombianas fue abiertamente cuestionado por la mayoría de los países de Sudamérica (en particular por Brasil). En cualquier caso es esencialmente inútil desde el punto de vista de mejorar la lucha contra las drogas: toda la evidencia empírica disponible muestra que la guerra contra las drogas en los Andes ha empeorado las cosas, y que la presencia militar directa de los Estados Unidos en las bases colombianas no hará la diferencia. De todos modos, el creciente peso de la voz militar en la política exterior –especialmente del Comando Sur de los Estados Unidos vis-à-vis América Latina - ha suprimido cualquier otra consideración u objetivo regional.

Le carencia de una normalización efectiva de la relación entre los Estados Unidos y Cuba tiene aún más que ver con la política del primero que con la de La Habana. Los cubanos-americanos y los anticastristas son menos significantes que las concepciones ideológicas de la Guerra FríaLa Habana.

La ambigüedad –por ser benévolos- de la posición de los Estados Unidos hacia el golpe militar en Honduras en junio de 2009 no puede ser explicada en términos de promoción de los valores de la democracia, o de la contención de un inexistente avance de la amenaza comunista en la región. Su razón principal fue doméstica: para facilitar la confirmación en su cargo del Subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela, cuya nominación había sido boqueada por el senador Republicano, Jim DeMint. El hecho de que Washington fue, por default, instrumental en el primer golpe de Estado militar exitoso del siglo XXI en América será largamente recordado por mucho tiempo en la región.

En la misma sintonía, la decisión en enero de 2010 de cesar, en forma temporal, con el traslado aéreo de víctimas haitianas del terremoto debido a las disputas alegadas entre los estados – provincias- sobre dónde deberían ser llevados los heridos, es otro ejemplo del peso desproporcionado de la política doméstica, tanto en el nivel nacional como el estatal. Los resultados de esta sobre-primacía errónea de la política interna sobre la externa, es que los Estados Unidos – no sólo la Administración Obama- están perdiendo apalancamiento, confiabilidad y credibilidad a lo largo de América Latina. El peor escenario posible es que el sistema interamericano, como un todo, desgaste su legitimidad básica. La elección en marzo de 2010 del próximo Secretario General de la OEA será una puesta a prueba de esa legitimidad